Mil vascos con pisos en alquiler recurren cada año a los jueces para desalojar a los inquilinos

El Gobierno central promueve una reforma de la ley para agilizar los procesos de desahucio, cuya resolución puede tardar hasta un año. Los cambios pretenden hacer más atractivo el mercado del alquiler.

Un millar de vascos con pisos en alquiler recurre cada año a los jueces para desalojar a sus inquilinos, principalmente por el impago de las rentas (ocho de cada diez denuncias). Entre ellos está Jaime, nombre ficticio de un vecino de Tolosa, que tardó un año y medio en recuperar su vivienda después de que su arrendatario le dejara de abonar diez mensualidades. «Cuando no me pagó la primera vez, le di una segunda oportunidad, pensando en que me devolvería el dinero o que sólo estaba pasando una mala racha», cuenta. Pero el voto de confianza no sirvió de nada y no le quedó otro remedio que acudir a los tribunales, donde finalmente le dieron la razón, «pero tardaron mucho», se queja.

A Jaime el truncado episodio le ha bastado para no repetir experiencia. Y su caso no es el único. Miles de vascos se mueven en una tesitura similar: mantienen vacías sus segundas viviendas por el «miedo» a enfrentarse a farragosos procesos judiciales en caso de problemas con inquilinos morosos. Todo un derroche inmobiliario que se han empeñado en controlar las administraciones con diferentes estrategias para hacer más atractivo el alquiler.
A ellas se sumará en breve la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con la que el Gobierno central pretende agilizar los procesos de desahucio, entre otras novedades, y así dotar de mayor seguridad jurídica a los propietarios que arrienden sus residencias.
En la actualidad, reconoce el propio Ejecutivo, los procesos judiciales en los que se solicita el desalojo o el abono de rentas impagadas terminan siendo «largos y onerosos para las partes». Lo que se busca es arropar al propietario y, al mismo tiempo, «salvaguardar los derechos de los inquilinos con buena fe», especifica el Gobierno.
El cambio, que fue remitido la pasada semana al Congreso para su posterior debate, se centra en atajar los casos de impago, que suponen el 80% de las denuncias. El texto propuesto prevé que las reclamaciones, que hasta ahora se decidían en juicio ordinario, pasen a celebrarse en juicio verbal, más simple, sencillo y rápido que el anterior. Además, la sentencia de desahucio será suficiente para la ejecución directa del desalojo, que ahora se podía demorar hasta un año. También se acortará de dos a un mes el plazo que debe transcurrir entre el momento en que el arrendador interpone un requerimiento al inquilino por el impago de la renta y la presentación de la demanda.
El aval como garantía
La reforma la esperan con los brazos abiertos en el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Gipuzkoa (API). «Hasta ahora estábamos algo desprotegidos por la lentitud de los desahucios», asegura Genaro Kortajarena, presidente de los agentes de la propiedad inmobiliaria de Gipuzkoa. Ávidos de una ley más proteccionista, los arrendadores se las han ingeniado para blindar al máximo los contratos. Al importe de una fianza legalmente exigible -una o dos mensualidades de renta- se ha sumado la petición de un aval bancario que asegura al propietario el cobro de la renta. «Es la garantía más eficaz a estos efectos y su obtención implica que, en caso de impago, el dueño podrá dirigirse a la entidad bancaria para que ésta abone la cantidad avalada en los términos convenidos», explica el abogado Pablo Jiménez, de ALT Asesores, que colabora con los colegiados guipuzcoanos.
«Legalmente casi cualquier tipo de cláusula está permitida, siempre y cuando la admita el inquilino que ha firmado el contrato», explica el abogado de la asociación, Iñaki Velasco, que es más partidario de solicitar el aval bancario «sólo en situaciones excepcionales» porque en general, dice, la fianza adelantada resulta suficiente para amarrar al inquilino.
Las controversias suelen surgir por una «evidente falta de información», apunta Navascués. «Tanto inquilino como propietario desconocen sus derechos y obligaciones -añade-; y si están más o menos el corriente, a menudo tienen un conocimiento parcial y hacen interpretaciones muy particulares, como no devolver la fianza alegando cualquier excusa, o no cumplir con los plazos que marca la ley sobre el tiempo del alquiler».
De las dudas y preguntas que puedan surgir a la hora de firmar un contrato de arrendamiento saben mucho en Bizilagun, el servicio -gratuito- que puso en marcha hace dos años el Gobierno Vasco para, entre otras funciones, mediar entre propietario e inquilino. Sólo en Gipuzkoa reciben al mes 500 reclamaciones que son atendidas personalmente por los abogados y otras 2.000 llamadas telefónicas de consulta. Ricardo Ortega, responsable de la oficina de Donostia, resalta de entre el balance de este año los 75 conflictos resueltos a través de la mediación, una alternativa a la vía judicial en la que basta la buena voluntad de las partes para resolver un conflicto inmobiliario que, de llegar a un juicio, se tornaría mucho más largo y costoso.
Fuente: Diario Vasco

Etiquetas: , , , , , , ,

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s


A %d blogueros les gusta esto: